María
Fernanda Rondón Ramírez*
La
política fiscal es el instrumento que se usa para mantener o mejorar el llamado
Estado de Bienestar que debe alcanzar toda economía, en la cual se trata de
garantizar un cierto nivel de vida a los ciudadanos, buscando como prioridad la
disminución de los niveles de desigualdad social, para producir una movilidad
social ascendente, y no descendente como ocurre en Venezuela, por medio de los
presupuestos públicos destinados a los servicios sociales y no sólo a los
verdaderos intereses políticos o económicos.
Como
otro aspecto importante de resaltar, la política fiscal debe destinarse para corregir los
desequilibrios o desviaciones que se suscitan en la actividad económica, y no debe
ser utilizada como un instrumento de control político a la sociedad. Es así,
que la política fiscal va más allá de sólo estudiar o analizar el gasto público
y los impuestos, sino que abarca una serie de aspectos que se deben tomar en
cuenta a la hora de una ejecución de políticas económicas, en resumen la
política fiscal busca acelerar el crecimiento económico, llegar a una plena
ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad y plena estabilidad
en los precios.
En
Venezuela, la política económica no ha corregido las causas de todas las
distorsiones tanto fiscales, monetarias, cambiarias y de precios, siendo esta
última la que más desequilibrios macroeconómicos ha generado, llegando entonces
a crear una Ley denominada Ley Orgánica de Precios y Costos Justos (se hizo
oficial el 23 de enero de 2014), destinada a controlar dicha presión alcista de
los precios de manera exorbitante.
En
el 2014, la política económica se propuso como objetivo estimular el ritmo de
la actividad productiva a través de la expansión fiscal, lo cual evidencio el
déficit fiscal que hubo al cierre del año. Ello se originó por todos los
dilemas que existen en torno a la planificación de una política fiscal
eficiente, que no corrigieron las fallas de mercado y no solucionaron las
fallas del Estado en su rol de agente que regula, asigna, redistribuye y
estabiliza la actividad económica en el país, en un esfuerzo por diferenciar
entre objetivos de corto plazo (política coyuntural), y objetivos a largo plazo
(política estructural).
*Estudiante
del Noveno Semestre de Economía de la FACES-ULA.
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